Prosegur será una de las empresas adjudicatarias de los servicios
en centros penitenciarios en la nueva adjudicación. Lo que a fecha de hoy no se sabe es a que centros penitenciarios le corresponderá
(parece ser que se dividirá por provincias con el resto de empresas de
seguridad), ni tampoco se sabe la
fecha en que comenzara a prestar servicio.
La contratación
de seguridad privada en centros penitenciaros comenzó a implantarse en mayo de
2013 en el marco de un programa piloto en 21 de 68 centros administrados por instituciones
penitenciarias. En el mes de abril de 2.014 el gobierno informo que ampliaría la
vigilancia privada en todos los centros penitenciarios, excepto Cataluña.,
donde en mayo se autorizo destinar 33 millones de euros para emplear a agentes
de seguridad privada.
Al hilo de este tema informamos de lo
publicado en Europa press:
El
Gobierno niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y
sólo contratará vigilantes de apoyo
El Gobierno niega que tenga
previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura
que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para
realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para
vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.
Así lo recalca el
Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE
Carles Corcuera, quien se interesó por cuando iba el Gobierno
"extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad
privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos
va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto,
"qué actividades de seguridad pública piensa privatizar"
En su respuesta, a la que ha
tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la
privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a
Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán
reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar
medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada
caso concreto".
Respecto a la
contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros
autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el
Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares
o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según
recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y
protección de los centros penitenciarios".
800 CONTRATOS
En concreto, a finales de mayo,
el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de
vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en
la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del
Interior. El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015
e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce
horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
En el año 2013 se
inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a
la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles.
Tras ese proyecto, el Gobierno decidió adecuar "ese modelo de seguridad a
las necesidades existentes" que pasan, según admite, por "compensar
la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a
la disminución de la Oferta Pública de Empleo.
También se busca,
según explica el Gobierno, optimizar los recursos disponibles y un uso
eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la
competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de
seguridad con los medios disponibles".
CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Asimismo, el plan de
Interior es "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de
ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales
o sedes judiciales, o el traslado de internos".
Por todo ello, se ha
preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios
y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora
desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien
siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la
seguridad de cada centro.
El contrato conlleva
la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier
información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con
los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del
expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que
concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los
intereses esenciales de la seguridad del Estado.
