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martes, 29 de julio de 2014

SEGURIDAD EN CENTROS PENITENCIARIOS



Prosegur será una de las empresas adjudicatarias de los servicios en centros penitenciarios en la nueva adjudicación. Lo que a fecha de hoy no se sabe es a que centros penitenciarios le corresponderá (parece ser que se dividirá por provincias con el resto de empresas de seguridad), ni tampoco se sabe la fecha en que comenzara a prestar servicio.

La contratación de seguridad privada en centros penitenciaros comenzó a implantarse en mayo de 2013 en el marco de un programa piloto en 21 de 68 centros  administrados por instituciones penitenciarias. En el mes de abril de 2.014 el gobierno informo que ampliaría la vigilancia privada en todos los centros penitenciarios, excepto Cataluña., donde en mayo se autorizo destinar 33 millones de euros para emplear a agentes de seguridad privada.

Al hilo de este tema informamos de lo publicado en Europa press:

El Gobierno niega que vaya a privatizar el control del perímetro de las cárceles y sólo contratará vigilantes de apoyo

El Gobierno niega que tenga previsto "privatizar actividad alguna de seguridad pública" y asegura que lo único que va a hacer es contratar a vigilantes de seguridad privada para realizar tareas "auxiliares" o "de apoyo", en concreto para vigilar el perímetro de los centros penitenciarios.

   Así lo recalca el Ministerio del Interior en la respuesta que ha enviado al diputado del PSOE Carles Corcuera, quien se interesó por  cuando iba el Gobierno "extender a todos los centros penitenciarios la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones, para qué eventos va a obligar "a contratar seguridad privada" y, en concreto, "qué actividades de seguridad pública piensa privatizar"

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo subraya que no entra en sus planes la privatización de ninguna actividad de seguridad pública. Además, recuerda a Corcuera que la nueva Ley de Seguridad Privada prevé que se determinarán reglamentariamente los eventos "en los que resulte obligado adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las mismas para cada caso concreto".

   Respecto a la contratación de vigilantes privados para la que el Consejo de Ministros autorizó el pasado mes de mayo una inversión de 33 millones de euros, el Ejecutivo incide en que estas personas sólo realizarán "tareas auxiliares o de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que, según recalca, "son y seguirán siendo responsables de garantizar la seguridad y protección de los centros penitenciarios".

800 CONTRATOS

En concreto, a finales de mayo, el Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33,387 millones de euros hasta 2015 e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.

   En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 cárceles. Tras ese proyecto, el Gobierno decidió adecuar "ese modelo de seguridad a las necesidades existentes" que pasan, según admite, por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo.

   También se busca, según explica el Gobierno, optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles".

CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

   Asimismo, el plan de Interior es "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".

   Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.

   El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

jueves, 10 de julio de 2014

INFORME UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA: Inactividad mas de dos años

Este es el el informe de la Unidad Central de Seguridad Privada sobre la consulta de la inactividad para el personal de Seguridad Privada que lleva mas de dos años fuera del sector